Los ópticos de Castilla y León inician una ronda de contactos con los políticos para materializar su desembarco en la sanidad pública

En ese contexto, los representantes de los ópticos castellanoleoneses han iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios de las Cortes, insistiendo en la necesidad de promover iniciativas legislativas en favor de la atención integral de la salud visual de los ciudadanos.

El 17 de octubre, por ejemplo, una delegación del Coocyl tuvo un primer encuentro con el grupo parlamentario del Partido Popular en la sede de las Cortes. Este tipo de reuniones continuarán repitiéndose a lo largo de la legislatura con otras agrupaciones políticas de Castilla y León.

El Coocyl maneja unos datos que demuestran que la incorporación progresiva de los ópticos en los servicios de atención primaria de la comunidad (Sacyl) también ayudaría a reducir las abultadas listas de espera para una consulta en oftalmología.

El CNOO demanda la inclusión de al menos 250 ópticos en el Sistema Nacional de Salud

A 30 de junio de 2023, en las listas de espera de oftalmología en Castilla y León figuraban 47.843 personas, con una demora media de 103 días. En la lista de espera quirúrgica, había, en esa fecha, 6.892 pacientes esperando una operación, según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad.

Los representantes del Coocyl también entregaron a los representantes del PP el informe sobre la Ampliación de cartera de servicios en salud visual: una aproximación de evaluación económica,  con el que tratan de demostrar que la incorporación del óptico-optometrista a la sanidad pública supondría un relevante ahorro de costes al sistema.

En concreto, para las derivaciones sólo por problemas de agudeza visual –que se cuantifican en 74.000 personas al año en la población pediátrica y de 63.100 en la población adulta– desde atención primaria, serían necesarias 31 unidades de optometría en Castilla y León (15 para atención pediátrica y 16 para adultos), con un coste anual de 59.309 cada una, lo que supondría un desembolso de 1.838.579 euros, casi la mitad de los 3.642.300 euros de coste estimado en la actualidad.

Igualmente, la delegación del Coocyl informó a los representantes del Partido Popular que los ópticos-optometristas son personal estatutario de los servicios de salud, según recoge en el Real Decreto 184/2015. A nivel autonómico, Castilla y León fue, junto con Navarra, la primera comunidad autónoma en reconocer la categoría profesional sanitaria del óptico-optometrista en 2004, permitiendo con ello la posibilidad de su inclusión en la sanidad pública, aunque hasta el momento no se haya conseguido su oportuno desarrollo.