¿Por qué España necesita una Ley de Salud Visual?

El 11 de marzo de 2025 amaneció con un cielo claro sobre Madrid, aunque dentro del Congreso de los Diputados parecía que algo importante estaba a punto de ponerse en marcha. No era un día más en la rutina política. A primera hora, los miembros del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas cruzaron las puertas con la serenidad de quien lleva mucho tiempo preparándose para este momento. Llegaban con una propuesta que aspira a cambiar la forma en que España cuida de una de sus capacidades más esenciales: la vista.

Aquella mañana presentaron la propuesta de Ley General de Salud Visual, un documento que, si llega a convertirse en norma, puede transformar la atención sanitaria de millones de personas. Los ópticos-optometristas llevan años advirtiendo que la salud visual, pese a ser vital para el desarrollo de la sociedad, sigue atrapada en un territorio ambiguo dentro del sistema público. Llama la atención que el 92% de la información que recibimos del mundo nos llega a través de los ojos y aun así los trastornos visuales continúan sin recibir una respuesta adecuada.

Juan Carlos Martínez Moral, presidente del Consejo, lo expresó con claridad tras la presentación en el Congreso: el sistema actual no está dando respuesta a los problemas visuales de la ciudadanía. La atención temprana se diluye entre consultas de pediatría y medicina de familia que no cuentan con tiempo ni recursos suficientes para la detección precoz. El resultado es que miles de casos acaban en una lista de espera cada vez más abultada.

Solo en oftalmología, a finales de junio de 2024, más de 177.000 personas esperaban ser atendidas en la sanidad pública. Cada cifra encierra una realidad silenciosa: un niño que se esfuerza en clase sin saber que no ve bien la pizarra, un adulto mayor que podría estar perdiendo visión sin diagnóstico, un trabajador con dolores de cabeza diarios que nadie ha relacionado con un problema visual.

La reforma que proponen los ópticos-optometristas parte de un planteamiento sencillo. Integrar a estos profesionales en el Sistema Nacional de Salud para descongestionar la atención primaria y los servicios de oftalmología. Según sus cálculos, esto permitiría reducir de forma inmediata las listas de espera y generar un ahorro de hasta 160 millones de euros. No se trata solo de eficiencia económica, sino de reorganizar el sistema para que la atención visual llegue a tiempo, antes de que los problemas se conviertan en irreversibles.

La Ley General de Salud Visual contempla medidas de profundo calado. Reconoce el derecho de la ciudadanía a la promoción de la salud visual y a la atención integral, incluyendo a personas con ceguera, sordoceguera, baja visión y otras discapacidades visuales. Propone además una cobertura pública inédita hasta ahora: gafas, lentes de contacto y productos de higiene óptica para la población infantil. Es una reivindicación histórica de familias y profesionales, que ven cómo las dificultades económicas pueden condicionar el acceso a una visión saludable en los primeros años de vida.

La futura norma también quiere mirar más allá de la consulta. Pretende crear una Estrategia Estatal de Salud Visual y un Plan Nacional que establezcan campañas de prevención, revisiones periódicas para niños y mayores y acciones educativas frente a los nuevos riesgos que trae la vida digital. La pandemia ya demostró que las ópticas son servicios esenciales. Permanecieron abiertas cuando casi todo se detuvo y ahora la ley busca consolidar ese papel dentro de la estructura sanitaria. Incluso propone herramientas tecnológicas para prevenir hábitos nocivos, como sistemas de alerta en dispositivos electrónicos que adviertan sobre un uso prolongado de pantallas.

Otro aspecto destacado es la extensión del enfoque visual a otros ámbitos clave de la vida. El proyecto contempla adaptar escuelas y lugares de trabajo a criterios de ergonomía y prevención, reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para incorporar evaluaciones visuales obligatorias y crear unidades asistenciales especializadas en optometría. Cada una de estas medidas apunta a una idea sencilla: la salud visual no es un asunto clínico aislado, sino un componente profundo de la vida cotidiana.

Alfons Bielsa, vicepresidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de Cataluña, resume esta visión con una mezcla de firmeza y sentido práctico. Afirma que una ley de salud visual es imprescindible para trabajar de manera coordinada en la prevención y detección de alteraciones de la visión, para reducir listas de espera y para integrar plenamente al optometrista en la sanidad pública. Recuerda también que esta norma fortalecería aún más el carácter sanitario de la profesión y mejoraría la relación con la administración y con los oftalmólogos.

La iniciativa llega en un momento en que España se enfrenta a una paradoja. Es un país que envejece rápidamente y que al mismo tiempo convive con un uso masivo de pantallas desde edades cada vez más tempranas. La salud visual se ha convertido en un terreno donde confluyen la educación, la productividad laboral y la calidad de vida. En este escenario, el modelo actual parece insuficiente. La nueva ley aspira a corregir esa disonancia y a situar la salud visual al mismo nivel que cualquier otra área de la sanidad pública.

Ahora el debate está oficialmente sobre la mesa del Congreso. A partir de aquí comienza el recorrido político que determinará si la propuesta consigue o no convertirse en realidad legislativa. Pero más allá de los plazos, la presentación de la ley ya ha conseguido algo significativo. Ha abierto los ojos de la institución y, quizá, ha recordado al país que ver bien no debería ser un privilegio ni un asunto secundario, sino un derecho que merece una protección clara y decidida.