La miopía podría costar más de 17.000 millones de euros en España hasta 2030

El documento, impulsado por la iniciativa Mirando al Futuro, plantea la necesidad de poner en marcha una Estrategia Nacional de Salud Visual Infantil que permita reducir las consecuencias sanitarias y económicas de la progresión de la miopía.

La propuesta parte de una premisa: actuar durante la infancia para disminuir el riesgo de complicaciones visuales en la edad adulta, especialmente en los pacientes que desarrollan miopía elevada.

Una factura que va más allá de las gafas

El coste potencial de la miopía no se limita a su corrección mediante gafas o lentes de contacto. La progresión del defecto refractivo puede aumentar el riesgo de desarrollar patologías oculares graves y pérdida visual irreversible, con consecuencias asistenciales y económicas a largo plazo.

Los impulsores del Decálogo advierten de que el impacto acumulado de la alta miopía y sus complicaciones podría superar los 17.000 millones de euros en el periodo 2021-2030.

Esta estimación pone de relieve la dimensión económica del problema y refuerza, según las entidades participantes, la necesidad de invertir en prevención, detección precoz y control de la progresión.

“No podemos abordar la miopía infantil únicamente cuando el niño ya presenta dificultades visuales. Necesitamos anticiparnos, identificar de forma temprana a quienes tienen mayor riesgo de progresión y garantizar un seguimiento coordinado durante todo su desarrollo”, ha señalado Julián García Feijóo, catedrático de Oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid y vicepresidente de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO).

La miopía casi se triplica durante la Educación Primaria

La preocupación económica coincide con el aumento de la prevalencia de la miopía entre los escolares.

Según un estudio realizado con 2.489 alumnos de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid, la proporción de niños miopes pasa del 6,5% entre los seis y siete años al 18,7% entre los once y doce años.

Las estimaciones recogidas por la iniciativa apuntan a que la miopía podría afectar al 30,2% de la población infantil española en 2030.

El Decálogo insiste en que la miopía no debe considerarse únicamente un defecto refractivo susceptible de corrección óptica. Su inicio temprano y su progresión acumulativa pueden aumentar el riesgo de complicaciones oculares futuras.

“La miopía no se resuelve con unas gafas. Su progresión puede tener consecuencias importantes para la salud visual futura”, ha advertido Manuel Herrera Artiles, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS).

Una estrategia nacional para reducir el impacto sanitario y económico

Ante este escenario, las catorce entidades participantes reclaman una Estrategia Nacional de Salud Visual Infantil que sustituya el enfoque centrado principalmente en la corrección por otro basado en la prevención y el seguimiento continuado.

Entre las medidas propuestas figuran la incorporación de programas de detección precoz en circuitos asistenciales como el Programa del Niño Sano, el establecimiento de protocolos comunes de derivación entre pediatría, Atención Primaria, oftalmología y optometría, y la creación de una Cartilla de Salud Visual Infantil.

La iniciativa también plantea reforzar la inversión pública en prevención, investigación y sensibilización, así como mejorar la coordinación entre el sistema sanitario y los centros educativos.

Para el sector óptico, la propuesta sitúa el control de la progresión de la miopía y el seguimiento de los pacientes pediátricos entre los ámbitos de actuación que requieren una mayor coordinación entre profesionales.

La presentación en el Congreso culmina varios meses de contactos con representantes parlamentarios y de los ministerios de Sanidad, Educación y Juventud e Infancia.

Los promotores han puesto además a disposición de las administraciones el Observatorio de Miopía Infantil, concebido como una plataforma permanente de colaboración y generación de conocimiento.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Santen y persigue que la prevención de la miopía infantil pase a formar parte de las prioridades de salud pública, con el objetivo de reducir tanto las complicaciones visuales futuras como su impacto económico.